La radio y los desplazados en Colombia

Por: Alma Montoya

Una Ley moderna y actualizada como muestra de una democratización de las comunicaciones

En medio de este contexto, Colombia tiene por ley una emisora de carácter comunitario por cada municipio, de cobertura local (una potencia entre 200 / 250 Wats), conocida como EMISORAS COMUNITARIAS. En el momento existen en el aire unas 600 emisoras de las cuales 300 están al día con papeles y con el cumplimiento de los requisitos del Ministerio de Comunicaciones. La proyección está en 1.170 emisoras comunitarias, una para cada municipio y quizás más de dos para las ciudades capitales.

Ahora bien, aunque las emisoras comunitarias son para las organizaciones sociales y comunitarias no todas se encuentran en manos de grupos y organizaciones de carácter social. De las 557 adjudicaciones realizadas por el Estado entre los años /95-96, se registra la siguiente información:

El 15 % han quedado en manos de politiqueros/abogados

45% personas que vienen de las emisoras comerciales
35 % en manos de las iglesia católica – párrocos/Diocésis
5% sólo están en organizaciones y grupos sociales diversos.

Además de las EMISORAS COMUNITARIAS, existen las EMISORAS DE INTERES PUBLICO que tienen potencia de 1.000 a 5.000 Wats para comunidades étnicas (indígenas, afrodescendientes, gitanos, culturales, universitarias, de la policía y del ejército entre otras, y por supuesto las EMISORAS PRIVADAS Y COMERCIALES sin restricción de potencia y cobertura.
Cualquier país del continente envidiaría una legislación aparentemente tan complaciente y democrática, ¿como podemos entender esto en un país que vive un conflicto de intolerancia de más de 50 años?

El papel que cumplen las RADIOS COMUNITARIAS

El papel que cumplen las RADIOS COMUNITARIAS en Colombia en todo este drama del desplazamiento es muy diverso y depende de la zona, departamento o región donde están ubicadas y también depende en manos de quiénes están estas emisoras. Por las estadísticas presentadas anteriormente, cabe aclarar que algunas se encuentran en manos de personas involucradas en el conflicto como apoyo a grupos paramilitares y un buen número de emisoras realmente comunitarias no cuentan con licencia del Ministerio de Comunicaciones.

A pesar de todo lo anterior podemos contar con varias experiencias exitosas de solidaridad, humanismo, emisoras sensibles a la vivencia de la comunidad en general, emisoras que han vivido en carne propia el desplazamiento, la persecución y asesinato de algunos de sus miembros, directores y fundadores.

a. Emisoras cercanas y solidarias

Emisoras que están al lado de las comunidades, de los pueblos, ayudando a encontrar sus familiares, vecinos y amigos, que acompañan su dolor pero también emisoras empeñadas en proyectos de emergencia y desarrollo, unidas a ONGs y organizaciones sociales.Son miles los casos en que gracias a la emisoras los padres de familia han encontrado a sus hijos y viceversa, o por lo menos saben en qué estado se encuentran o, sencillamente, mandan los saludos y las palabras de aliento para los secuestrados.

Emisoras solidarias donde se empeñan en actividades de apoyo económico a familias que han quedado sin nada o que muchas veces hacen las colectas para enterrar algún vecino que por miedo nadie se atreve a recoger o reconocer su cuerpo, emisoras que caminan con la gente, alientan y brindan esperanzas en medio del dolor y celebran los encuentros y la vida.

b. Espacios de Participación y pluralismo

Las emisoras comunitarias en Colombia han ido descubriendo poco a poco que son espacios públicos y ciudadanos donde todos pueden participar, donde todos deben participar sin importar la raza, el color, la lengua, la edad y sus opciones, son espacios para todos, porque todos caben en el dial, porque es un medio desde, con y para ellos, para encontrarse consigo mismos y sus comunidades.

Por esto cada vez se implementan programas, espacios diversos según los intereses de los distintos grupos sociales, religiosos, generacionales de la comunidad,. Hay un camino, aunque pequeño, hacia la tolerancia, al saber que lo que nos hace ricos es la diversidad.

c. Emisoras que anuncian y denuncian

Emisoras que aprenden a sobrevivir y convivir con el conflicto, emisoras que se comprometen en proyectos de desarrollo donde están implicados los distintos sectores y grupos de las comunidad. Emisoras propositivas que anuncian planes, proyectos y trabajos en beneficio de todos, que aunque han perdido algunos de sus miembros siguen adelante prestando el servicio de información y comunicación de la comunidad y de ésta con la región.Son miles las actividades que se inventan en las emisoras para salir adelante a pesar de las dificultades y que con su actitud denuncian una resistencia pacífica a no dejarse callar a pesar de las amenazas, muertes y desplazamiento de algunos de sus miembros, a pesar que algunos grupos les decomisen su transmisor o les vuelan sus antenas o las utilicen para mandar consignas.

d. Emisoras que defienden la vida y se resisten a la violencia

Emisoras que colaboran con la construcción de una convivencia democrática, donde no se excluya a ninguno donde la justicia y la defensa de la vida son los valores vigentes. Ya contamos con varias emisoras comunitarias que han perdido sus directores, productores, locutores animadores, pero que siguen en el aire donde los jóvenes han recibido, como herencia, el sueño de ser comunicador como la mejor herencia de su padre.Emisoras que proclaman la esperanza y la posibilidad de una civilización del amor, la defensa de los derechos humanos, del derecho Internacional humanitario, que educan y rechazan sobre la multiplicidad de minas antipersonales, reclutación de jóvenes, de la limpieza social o de muerte a los indigentes.

e. Sembradoras de esperanza

Emisoras que, a diario, según las palabras y la alegre música colombiana y caribeña, alegran y alientan la esperanza de que otra América es posible, que otra Colombia sin duda será distinta y posible si nos empeñamos todos.

Emisoras que tienen programas de humor, de cuentos, de chistes, de música, donde se reclama los derechos y se expresa el anhelo de la paz pero también trovas y rimas que denuncian la corrupción y exigen justicia porque sin ella no puede haber paz.Emisoras que alimentan la esperanza de pueblos, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores que no se cansan de pensar que algún día todo será distinto y mejor, porque Colombia es un país de utopías y esperanzas que confía en su gente y en la solidaridad de sus amigos del mundo entero.

Para leer documento completo diríjase a:
http://www.wacc-al.net/wacc-SeminarioMigrantes/panel/montoya.htm

Emisoras comunitarias

Por: Alfredo Molano Bravo Publicación: El Espectador

Con algunas muy pocas excepciones, la radio en Colombia está monopolizada por la mediocridad y por los intereses privados.

Al ciudadano se le arrincona con programas de mal gusto, violentos, redundantes que cumplen una función perversa: disfrazar los males que nos aquejan, trasformar un país real en un país formal. En las zonas rurales y en la provincia la cuestión es grave. Hay un par de emisoras en FM que suelen ser propiedad de los caciques del pueblo y que se financian con pauta de los comerciantes grandes, las entidades del Estado o las empresas agropecuarias. Las emisoras de AM no entran en esas zonas o sólo en la madrugada y al atardecer.

En algunas partes se puede oír, si se tiene suerte, la emisora comunitaria local. El vacío lo llena una de las 32 emisoras de las Fuerzas Armadas, financiadas con nuestros impuestos para trasmitir comunicados castrenses, entrevistas a los altos mandos y boletines de prensa que destacan ante todo los famosos “positivos”. Los generales opinan sobre todo lo divino y lo humano con un lenguaje guerrerista y politiquero que a veces —y muchas veces— desconoce la norma constitucional que les impide ser deliberantes. También transmiten la música popular que suele escoger un subalterno y que, bien oída, es un mensaje cifrado destinado a sus novias. Los himnos bélicos no son raros: Barras y Estrellas, por ejemplo, se oye con una regularidad insoportable. No abundan estas emisoras en noticias nacionales e internacionales distintas a las que son redactadas en las casernas. Total, cero.

En las ciudades, la cosa no mejora. Tres o cuatro radionoticieros, cada vez más llenos de concursos, participación selectiva de oyentes y comentarios asépticos, ocupan el centro del dial tanto en FM como en AM. Hay que abonarles a las universidades Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, Distrital y Nacional el oxígeno que emiten por sus ondas.

Pero si uno se sale de estos espacios, el panorama es desolador: las sectas religiosas compiten con los curanderos a brazo partido; los movimientos religiosos rivalizan con la medicina verde. Los hermanos, las hermandades, las cofradías venden remedios para entrar en la vida eterna, números garantizados de chance y lotería, ungüentos para la vena várice, las almorranas y la flojera sexual. La Virgen María, Jesucristo, san Exitol y medio santoral respaldan las apocalípticas fórmulas que publicitan los programas de pirámides, cristales y grasas de culebra. El Ministerio de Comunicaciones se hace el sordo en estas materias. Permite todo, menos la verdadera libertad de expresión al restringir de manera arbitraria el acceso de emisoras comunitarias urbanas al llamado espectro electromagnético.

El caso más patético es el de la capital de la República. Desde hace una década, asociaciones de radio comunitarias han venido pidiendo al Ministerio de Comunicaciones que abra licitaciones para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para emisoras comunitarias en Bogotá. La respuesta ha sido siempre la misma: faltan papeles, faltan sellos, faltan diligencias, la coma está mal puesta, los dos puntos son equívocos, el representante legal no usaba corbata al momento de presentarse ante la autoridad competente; y la más socorrida: sobreoferta de emisoras no comunitarias en el Distrito Capital.

De tribunal en tribunal, de consejo en consejo, las asociaciones han recorrido un calvario, hasta que interpusieron una tutela ante la Corte Constitucional, que falló el 15 de julio pasado (2007), ordenándole al Gobierno “responder de fondo y con seriedad” la solicitud de las asociaciones (Sentencia T 460). Establece la corte un hecho fundamental: el monopolio del espacio electromagnético por parte del Estado no puede convertirse en una forma de censura y amordazamiento de la libertad de expresión. Si bien la sentencia se refiere a Bogotá, establece jurisprudencia nacional.

No obstante la nitidez del fallo, el Ministerio continúa en el plan de impedir que las comunidades de Bogotá tengan su propia emisora, repitiendo con desfachatez los mismos argumentos que durante 15 años ha expuesto y que hoy, después del pronunciamiento de la Corte, son una burla más del Gobierno a los mecanismos democráticos. A la Corte Constitucional no se le puede pasar por el fondillo así como así. El Gobierno le teme al pluralismo informativo y a la crítica ciudadana. Razones no le faltan: tiene mucho que esconder.

ENCUENTRO LATINOAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO MEDIÁTICO

"Declaración de Caracas"

Periodistas, comunicadores y estudiosos de la comunicación de América Latina, El Caribe y Canadá, reunidos en Caracas en este Primer Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático, denunciamos el uso de la falsificación por las transnacionales informativas como una agresión masiva y permanente contra los pueblos y gobiernos que luchan por la paz, la justicia y la inclusión.

El terrorismo mediático es la primera expresión y condición necesaria del terrorismo militar y económico que el Norte industrializado emplea para imponer a la Humanidad su hegemonía imperial y su dominio neocolonial. Como tal, es enemigo de la libertad, de la democracia y de la sociedad abierta y debe ser considerado como la peste de la cultura contemporánea.

A nivel regional el terrorismo mediático utilizado como arma política en el derrocamiento de gobiernos democráticos de países como Guatemala, Argentina, Chile, Brasil, Panamá, Grenada, Haití, Perú, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Uruguay y Venezuela, está siendo empleado hoy para sabotear cualquier acuerdo humanitario o salida política al conflicto colombiano y para regionalizar la guerra en la zona andina.

La actual lucha democrática en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, junto a Brasil, Argentina, Uruguay y México, confirma la voluntad política de nuestras sociedades para desbaratar la agresiva y simultánea campaña de difamación de las transnacionales informativas y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Cuba y Venezuela representan con claridad los hitos más vigorosos de esta batalla aún inconclusa. Por otra parte, estamos obligados a redoblar nuestros esfuerzos ante la dramática situación por la que actualmente atraviesa el periodismo democrático en Perú, Colombia y otras naciones.

Este Encuentro Latinoamericano mostró la necesidad de crear la Plataforma Internacional contra el Terrorismo Mediático, que convoca a un nuevo Encuentro a realizarse en un plazo no mayor de dos meses, para lo cual actuará en conjunto con otras organizaciones como la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), que en el crecimiento de la conciencia de los pueblos latinoamericanos y caribeños, ha defendido con ejemplaridad el derecho a la verdad y a la divisa que sustenta sus principios: Por un periodismo libre en patrias libres.

Empecinada en criminalizar todas las modalidades de lucha y resistencia popular, so pretexto de una falaz noción de seguridad, la administración fundamentalista de George W. Bush ha sido responsable de la sistemática agresión terrorista de los últimos años contra los medios de comunicación alternativos, populares, comunitarios e incluso algunos empresariales.

La información no es una mercancía. Tal como la salud y la educación, la información es un derecho fundamental de los pueblos y debe ser objeto de políticas públicas permanentes.

Convencidos de que esta historia empezó hace 200 años, ratificamos el compromiso de quienes en ella nos precedieron, con el propósito de ajustarnos a un ejercicio ético de nuestra profesión, apegados a los valores de la democracia real y efectiva y a la veracidad que se merece la diversidad de pensamientos, creencias y culturas.

No sólo la SIP, sino grupos de choque como Reporteros sin Fronteras, responden a los dictados de Washington en la falsificación de la realidad y la difamación globalizada. En este contexto, la Unión Europea cumple un rol vergonzoso que contradice la heroica lucha de sus pueblos contra el nazi-fascismo.

En la forja de la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, los firmantes de esta declaración llamamos a los profesores y estudiantes de comunicación social a considerar al Terrorismo Mediático como uno de los problemas centrales de la Humanidad, convocamos a los periodistas libres a comprometerse a redoblar sus esfuerzos en pos de la paz, el desarrollo integral y la justicia social.

En este espíritu, exhortamos a los jefes de Estado de América Latina y El Caribe a incluir el tema del Terrorismo mediático en todas las reuniones y foros internacionales.

Foto: TeleSUR - Minci / AV

DENUNCIA PÚBLICA SOBRE AMENAZAS DE MUERTE A GESTORES SOCIALES Y POLÍTICOS EN BOGOTÁ

ContraVersión hace llegar a ustedes dos documentos que considera deben hacer parte de las discusiones y los debates públicos de las organizaciones sociales, políticas y comunitarias del país. El primero de ellos, la denuncia pública que hace Diana Gómez (hija de Jaime Enrique Gómez, dirigente social y asesor político de la Senadora Piedad Córdoba asesinado) sobre las amenazas de muerte de las que han sido objeto ella y diversos dirigentes sociales y de derechos humanos en el país por parte de las autodenominadas “Águilas negras”, comandos armados que tras la desmovilización de la estructura central de las AUC vienen intimidando a los actores sociales, políticos y comunitarios en diferentes regiones del país.

Un segundo documento que proponemos como “de contexto”, nos remite a la investigación realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris sobre el fenómeno paramilitar y su incidencia en el panorama político económico del país. El propuesto es un artículo introductorio desarrollado por León Valencia, uno de los directores de la investigación, el que proponemos profundizar con la lectura del informe especial publicado por la Revista Arcanos titulado: “De como los paramilitares ganaron varias guerras, cambiaron el mapa político del país y entraron en un proceso de negociación con el gobierno del presidente Uribe”, el cual encontrarán en el link: www.nuevoarcoiris.org.co/local/Arca_En_pdf.pdf



Denuncia Colombia
DIANA GÓMEZ DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE A GESTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS EN BOGOTÁ
Por: Diana Gómez

Bogotá, 14 de marzo de 2008

SeñoresPresidencia de la República
Vicepresidencia de la República


Hago de conocimiento público las amenazas de las cuales he sido objeto, junto con otras organizaciones y dirigentes de derechos humanos y políticos, en una carta enviada por las Águilas Negras el Rearme, Bloque Metropolitano de Bogotá, el pasado miércoles 12 de marzo. En este documento nos declaran objetivo militar fase A, nos señalan como guerrilleros y que comenzaran a matarnos “uno por uno. Vamos a ser impecables. No dejaremos cabo suelto”.

Las amenazas se suceden luego de la marcha del 6 de marzo y de una gira en el exterior realizada en representación de las organizaciones de las cuales hago parte (ORGANIZACIONES DE MUJERES, JÓVENES, PAZ, VÍCTIMAS Y ARTÍSTICAS). Dicha gira tenía como objetivo dar cuenta de las vulneraciones de derechos humanos en Colombia, los niveles de impunidad y la compleja dimensión del conflicto colombiano. Es de suma preocupación que luego de hacer uso del derecho a la protesta, a la libre expresión, a la (falta texto).

Resulta igualmente preocupante que esto suceda luego de los señalamientos de diversas personalidades del gobierno de que la marcha es convocada por las FARC y para su apoyo, así como del manejo parcial de los medios de comunicación a los sucesos que han tenido lugar en los últimos meses. Hemos ratificado de manera enfática y permanente que no somos simpatizantes, ni aliados, ni parte de este grupo guerrillero y que rechazamos todo tipo de violencia.

Denunciamos que en Colombia no hay garantías para el ejercicio de la oposición, ni para el trabajo como defensores de derechos humanos, y mucho menos como víctimas sobrevivientes en exigencia de sus derechos. No es la primera vez que soy objeto de acciones de intimidación, las cuales han tenido lugar desde la desaparición y asesinato de mi padre JAIME ENRIQUE GÓMEZ VELASQUEZ. En Colombia el Estado tampoco brinda condiciones de seguridad para el desarrollo de nuestro trabajo. El año pasado solicite medidas de protección que fueron negadas por el Ministerio del Interior y de Justicia, pese a la evidencia de los niveles de inseguridad y vulnerabilidad.

En de anotar que en dicho comunicado las Águilas Negras plantean que actúan con “apoyo y la tolerancia del Estado y la ciudadanía en general”. Mi tarea, y la de todas las organizaciones y personas allí señaladas, es en ejercicio de derechos consagrados en la Constitución Política y de la oposición, la cual debe tener garantías en cualquier sociedad democrática por parte de todas las instituciones del Estado y sus representantes, quienes debe propender por climas de debate y diálogo, y no por exacerbar odios, señalamientos, unanimismos ni polarización que sólo contribuye a la prolongación del conflicto que vive el país.

Hago responsable al Estado colombiano, al presidente y vicepresidente de la República, quienes deben garantizar nuestra seguridad, de cualquier otra vulneración de la que sea objeto en mi calidad de ciudadana, víctima y activista de derechos humanos.

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL


Opinión Colombia
ASÍ FUE LA INFILTRACIÓN PARAMILITAR DE LA POLÍTICA EN COLOMBIA
Por: León Valencia Agudelo, Corporación Nuevo Arco Iris. PUBLICADO: 10.09.2007
(TOMADO DE: http://www.peaceobservatory.org/index.php?id=9502)

La Corporación Nuevo Arco Iris, con el auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, adelantó un proyecto de investigación y debate público entre finales de 2004 y mediados de 2006 sobre el fenómeno del paramilitarismo y las negociaciones de Santa Fe de Ralito para obtener la desmovilización de las AUC. El proyecto elaboró monografías regionales sobre la forma como los diferentes frentes de las AUC lograron dominio e influencia en Medellín, Córdoba, Sucre, El Magdalena Grande, Cundinamarca y Bogotá, Valle, Catatumbo y Norte de Santander, Casanare y Meta, lo mismo que los efectos de la violencia de esta organización sobre los grupos indígenas. Esta labor estuvo en manos de reconocidos investigadores, algunos de ellos regionales, y contó con la colaboración de centros de estudios de las universidades de Antioquia, Valle y Magdalena.

También se hizo un seguimiento de prensa, documentos oficiales y eventos públicos sobre el tema. El proyecto realizó foros de discusión con representantes del gobierno, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP / OEA, de la sociedad civil, del cuerpo diplomático, y de agencias y organismos internacionales. Además, se realizaron entrevistas a los propios actores del proceso de negociación por parte de un equipo central de investigación con sede en Bogotá.

La dirección de la investigación estuvo a cargo de Mauricio Romero y León Valencia, y este libro es el resultado de parte de ese trabajo, el cual presenta un testimonio de la expansión de algunos de los frentes que conformaron esa organización ilegal armada y de la forma como los intereses de los políticos confluyeron con los de los paramilitares en diversas regiones. El libro espera contribuir al entendimiento de ese fenómeno que tanto daño le hizo a la sociedad colombiana y a sus instituciones, no obstante sectores poderosos e influyentes los consideren “salvadores”, con los cuales el país tiene una deuda por haberle ganado territorio a la guerrilla que también se proyectaba amenazante en el mismo momento. El análisis de los diferentes artículos indica que el período 1997-2002 fue crítico en el crecimiento y expansión de los diferentes frentes de las AUC, en particular en la costa caribe, el pie de monte llanero, el sur-occidente, occidente y el centro del país. En donde esas fuerzas fueron bautizadas como bloque Norte, Catatumbo, Centauros, Vencedores de Arauca, Calima, Pacífico, Cacique Nutibara y Capital, entre otros, y sin considerar tal vez al mayor de todos, el Central Bolívar.

Esa concurrencia de expansión y crecimiento en el período mencionado, indica que más allá del carácter federativo y heterogéneo de las AUC y la existencia de una estructura de mando nacional inestable, con diversidad de intereses y propósitos, y en donde cada grupo actuaba de acuerdo con intereses particulares y locales, esos diferentes componentes también seguían un plan nacional de ampliación de su influencia y dominio. Eso es lo que se deduce de las lecturas de las monografías regionales y del capítulo de la parapolítica. Semejante coincidencia en el tiempo de ese esfuerzo de despliegue militar y control político local y regional no parece fortuita. Hay que recordar que mientras ocurría la expansión territorial de las AUC se llevaban a cabo unas difíciles negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC, y la zona desmilitarizada del Caguán estaba en funcionamiento, frente a la cual los jefes de las AUC eran unos de los más encarnizados críticos. Constituyó esa ampliación de la influencia territorial y política de las AUC una respuesta a la negociación con las FARC y a la zona de despegue del Caguán? Hay indicios en los diferentes capítulos para pensar que en parte fue así y a un costo en vidas y sufrimiento desmesurado.

Otro aspecto importante que surge de la lectura de los textos del libro es el del comportamiento de las agencias estatales encargadas de la seguridad durante esa expansión paramilitar. En cada uno de los casos presentados hay una cierta forma de delegación de la fuerza a los grupos paramilitares, o una tolerancia frente a su operación o una incapacidad para combatirlos por parte de la fuerza pública que resulta desconcertante. Qué pasó realmente en ese período de cinco años en relación con las autoridades militares y de policía que no actuaron frente a la expansión de las AUC, la cual estaba masacrando a la población más pobre e indefensa? Aquí hay un vacío que es necesario aclarar para que esta circunstancia no se vuelva a repetir. Por momentos los hechos presentados llevarían a pensar, junto con los sectores más críticos de las fuerzas militares, que hubo una política deliberada para dejar actuar a los diferentes frentes de las AUC, pero esto sería una respuesta muy fácil. La pregunta sigue abierta y es urgente responderla.

El colapso del funcionamiento estatal y de los mecanismos de representación política en las regiones fue otra dimensión del dominio territorial de las AUC. Esta situación fue particularmente grave en el Meta, Magdalena, Sucre y Cesar, por citar algunos departamentos, y señala la dimensión de ese entramado social que apoyó a las AUC, el cual incluyó sectores económicos, fuerzas de seguridad y grupos políticos, que junto con el narcotráfico desestabilizaron la débil democracia y el endeble Estado de derecho que la Constitución de 1991 había ofrecido como una posibilidad en diferentes regiones.

Sólo queda agradecerle a ASDI la financiación para llevar a cabo este proyecto, a los amigas y amigos que colaboraron con la Corporación Nuevo Arco Iris en la realización de este propósito y a los lectores y lectoras del libro por su interés en conocer tan oscuro y dramático período de la historia reciente de Colombia. No hay que dudar que el conocimiento de lo sucedido ofrecerá aprendizajes y evitará que se repita la historia, por lo menos en el futuro cercano.

Vea informe especial publicado por la Revista Arcanos: “De como los paramilitares ganaron varias guerras, cambiaron el mapa político del país y entraron en un proceso de negociación con el gobierno del presidente Uribe”, en: www.nuevoarcoiris.org.co/local/Arca_En_pdf.pdf

EL 4 DE FEBRERO NO ME MOVERÁN

En medio de uribismos y unanimismos, que al final son la misma cosa, resurgen las voces discordantes, las disidencias y las resistencias. En un país en el que la oposición armada viene perdiendo toda su legitimidad y la oposición democrática es permanentemente criminalizada, buenas son estas voces que poponen miradas diferentes a las realidades de un país que se ha construido más en las calles que en las pantallas de televisión, en las páginas de los periódicos o en los micrófonos de los grandes monopolios informativos en los que se han convertido las cadenas radiales, así estos medios nos digan todos los días lo contrario.

Recordamos que la marcha del 4 de febrero de 2008 no es la única que se ha realizado en el país (por estas latitudes nos movemos de manera permenente, o si no preguntémosle a los 4 millones de desplazados que nos encargamos de ocultar todos los días), así como no es la única que han promovido los medios masivos de información con los fines que ya conocemos: fragmentar el movimiento social desde la desinformación y el desenfoque de los contextos sobre los cuales se incriben los acontecimientos, desplazar las discusiones de los problemas nacionales al espacio de las telenovelas y los realitis, construir realidades a medias en los espacios informativos, etc...

Bienvenidos, entonces, documentos como el que se expone a continuación, ya que con ellos ampliamos el debate (nuestro debate, no el de ellos) sobre nuestras realidades (no las de ellos), para entrar a reformular los modos como se viene construyendo este nuestro país desde las instancias del poder político y económico.

Carlos Alberto Jiménez H.

Corporación Comunicar

Creo que deberíamos ser hombres primero y ciu­dadanos después.
La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo.
Thoreau

Por estos días, y por estos lares, se oye y se lee acerca de la marcha del 4 de febrero. Unos que sí, otros que no; que quién sabe, que hay que pensarlo muy bien.

Bueno, en lo que respecta a mí, ese día no me moverán.

Medios-gobierno, una alianza estratégica

Hace mucho se ha oído que, en tiempos de guerra, la primera víctima es la verdad. Lo que equivale a decir que la tarea del periodista tiende a ser la de desinformar, de acuerdo a los intereses de cada uno de los bandos. Así se cae en el lugar común de que, en consecuencia, los medios manipulan.

Bueno, vayamos aclarando. Afirmar y reafirmar que los medios manipulan es equivalente a eso de “fuerzas oscuras quieren imponer la violencia en el país”, o “la opinión pública cree que…”. Y así, sucesivamente. Maneras etéreas y gaseosas con las que nos han contagiado.

Condiciones creadas para evadir nombres propios. Ese es el objetivo: evitar ser señalado, en carne y hueso. Preferible echarle la culpa a los medios y no señalar a Ardila Lulle, a Santodomingo, a la familia Santos. Mejor hablar del grupo Prisa, de Planeta.

Los medios no manipulan. Hay empresas comerciales de información como RCN y Caracol cuyos propietarios consideran tales maneras radiales y televisivas. Son nombres propios que, a través de los medios, manipulan y desinforman, y desinforman sistemáticamente en este país donde sistemáticamente la guerra ha estado presente, vestida de una u otra manera. Son empresas dedicadas a la desinformación que, dada la alianza estratégica con el gobierno de turno, se convierten en el brazo propagandístico del establecimiento.

Repetir, repetir y repetir que los “bandidos, terroristas y narcotraficantes” son los generadores de la violencia es desconocer la violencia estatal, no sólo por bombardear poblaciones, por ejemplo, sino por no cumplir obligaciones constitucionales, por insistir en ese modelo neoliberal.

Nosotros, radioyentes, televidentes, lectores de prensa o cibernautas hemos tenido la sesgada oportunidad de conocer el país desde uno de los bandos de guerra: el respectivo gobierno de turno. Excepcionalmente el del grupo insurgente, que también aspirará a manipular los datos, los hechos y la información. Como se hace en tiempos de guerra. Como se hace en este país.

Incluso, con respecto a temas de interés nacional, con dificultad sabemos del pensamiento del no uribista, del indígena, del campesino, del líder sindical, del negro, del marginado.

El 4 de febrero en la noche y el 5 imagino titulares en los medios como “No rotundo a la violencia”; “Espaldarazo masivo a Uribe y rechazo a las FARC”; “Exitosa marcha por la democracia”. Algo así.

Sospecho que mediáticamente será argumentado con entrevistas a marchantes, todos a favor de la paz, muchos uribistas; imagino planos generales y panorámicas que “evidencian el rechazo de los colombianos a la guerrilla”; presumo imágenes que reafirmarán el supuesto unanimismo y también otras, primeros planos de pancartas de la otra orilla que justificará el discurso de la diversidad de la participación ciudadana.

Los medios orquestarán para que Uribe, su socio estratégico, sea asociado con la paz, con la marcha; “con las legítimas aspiraciones del pueblo colombiano”. Los medios son expertos en maquillar. Pedazos de imágenes y segmentos de testimonios que pondrán a circular para este país fragmentado.

Breve recorderis

Si a usted se le ha ocurrido asistir a esa marcha; si usted quiere aceptar el llamado e invitación de la alianza estratégica gobierno-medios masivos comerciales de información, solo le pido que recuerde cosas como:

· el número de desplazados en nuestro país llega ya, mal contados, a 3 millones 500 mil personas;
· con Brasil, somos los países con las diferencias sociales más profundas en Latinoamérica, la región socialmente más inequitativa en el mundo;
· millones de hectáreas le han sido arrebatas a los campesinos por parte de paramilitares;
· el norte de la Casa de Nariño es Washington. Es Bush. Nadie más. Lo demás es pantalla y relaciones públicas.

Ahora, en términos mediáticos, tenga en cuenta:

· entidades como RCN, Caracol, El Tiempo, City TV son empresas comerciales, cuyo ánimo esencial es el lucro económico, y cuyo material de trabajo es la información, un bien público;

· la objetividad como tal no existe. Las formas y contenidos de los medios están permeados por su subjetividad, por su carácter comercial y por su alianza estratégica con el gobierno;

· el formato televisivo no da para explicar, para reflexionar. No es viable. La televisión existe para informar en términos emocionales, no racionales. Como diría Ramonet, el país es espectacularizado, no explicado;

· los noticieros de televisión dramatizan, ponen en escena, utilizan efectos sonoros, manipulan con la cámara, exageran, omiten. Utilizan maneras de director de cine, de artista, para informar. Así, equivale a decir que también desinforman;

· el hecho de que lo muestre la televisión no quiere decir que sea cierto. Es como si se aceptara que todo lo que se oye es cierto; por tanto, tampoco necesariamente lo que dice la primera página del periódico es verdad ni lo que nos transmita la W. No todo es cierto. Ejemplo patético: ¡los falsos positivos! (A propósito del señor de los falsos positivos, y dadas sus particulares lógicas, no sería raro que este señor hablara de aquí a un tiempo –a propósito de los millones de hectáreas de tierra robadas a nuestros campesinos- de que fue el gestor de la única reforma agraria que ha conocido el país);

· nosotros no somos ciudadanos lectores, radioyentes o televidentes. Somos potenciales consumidores de los que disponen los medios comerciales de información por los que estos medios le cobran a los anunciantes. Entre más seamos, más cobran por una pauta publicitaria;

· con frecuencia, el periodista pasa a ser un periférico más del computador en el que trabaja; con frecuencia, los noticieros televisivo manejan fórmulas como éstas: “Pepito, el presidente de Pepilandia, fue muerto de un pepinazo”. Y ya. (Quién era Pepito, cómo llegó al poder, quiénes lo asesinaron, a quiénes pudo favorecer su asesinato, quién le sucederá, etcéteras, son preguntas que quedan sin responder.);

· a modo de cierre. En 2003, la edición europea de la revista Time preguntó a sus lectores de internet: “¿Qué país representa un peligro mayor para la paz del mundo?”, más de 300 mil personas votaron: un 7 por ciento de ellas dijo que Corea del Norte; un 8 por ciento, Irak, y un 84 por ciento afirmó que Estados Unidos (Oh Alá alguien serio en nuestro país hiciera la misma pregunta, teniendo como referentes gran variedad de nuestros dirigentes nacionales: “¿Cuál cree usted que sea la persona que representa el mayor peligro para la paz en Colombia?” Apostaría a que personajes como Uribe, Santos, Marulanda, Mancuso… destacarán).

A mí el 4 de febrero no me moverán, como algunas empresas sí esperan mover a sus empleados y otras entidades estatales a sus funcionarios para que hagan parte del show. Yo no quiero hacer parte del show.

A mí el 4 de febrero no me moverán porque nada quiero tener que ver, ni por equivocación, con el señor reelegido. Porque el señor reelegido, el más mediático de los presidentes, sabe cómo capitalizar y pescar en río revuelto. Porque no quiero sumarme a muchos ciudadanos que lo harán de corazón, con la total sinceridad, pero sin calcular los dividendos políticos que por su acción otros, pescando en río revuelto, se apropiarán.

· Cuenten conmigo cuando haya que marchar por los millones de desplazados y por los secuestrados;
· cuenten conmigo para hacerle las preguntas pertinentes a este Estado, terrorista social, político, tributario, cultural;
· cuenten conmigo para pedir cuentas a los paramilitares y guerrilleros;
· cuenten conmigo para construir, en memoria y respeto a los ausentes;
· cuenten conmigo para acciones de resistencia civil, de noviolencia activa, de no elevidencia activa;
· cuenten conmigo para la paz y por el reconocimiento, por igual y para todos, ciudadanos y ciudadanas de Colombia.

A mí el 4 de febrero no me moverán. Ese día, en memoria de Pardo Leal, de Pizarro Leongómez, de Luís Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo y miles de ciudadanos más, por quienes nunca el Estado convocó a una marcha masiva, no me moverán. Ese día, al Establecimiento le haré pistola.

*Imágen tomada de "El espacio de lubrio": www.lubrio.blogspot.com

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN: REFLEXIÓN APLAZADA, NECESIDAD APREMIANTE

Rafael Espinel ha venido trabajando el tema de la política pública de comunicación comunitaria desde el ámbito académico. En el texto que se presenta a continuación el autor nos propone una mirada sobre el proceso y su importancia frente al debate amplio sobre el desarrollo social desde la perspectiva de la autonomía nacional y la participación ciudadana.

Por: Rafael Espinel Torres*

En Bogotá existen entre setenta y uno[1] y ciento trece[2] medios de comunicación comunitarios que, en palabras de Dario Ángel, reúnen a más de mil personas que trabajan, en más de ciento cincuenta organizaciones sin contar las emisoras ni los medios escolares que constituyen importantes semilleros de comunicación, los cuales están constituidos en más de un 80% por jóvenes entre los 16 y 26 años. Esta presencia juvenil se explica por su cercanía al mundo comunicativo y a su participación en colectivos de comunicación que, desde la gestión local, recurren a diversos formatos y medios de comunicación alternativos.Lo anterior manifiesta la intención de la comunidad y la juventud por participar en el espacio de lo público a partir de ejercicios comunicativos comunitarios. (Radio, prensa, televisión y nuevas tecnologías) También se evidencia, durante los últimos cuatro años, un proceso social e institucional de discusión y apropiación del tema con el objeto de adelantar la construcción de una política pública distrital de comunicación comunitaria.

Plan de desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" 2003-2007

Ejes para la comunicación

Esta dinámica ha sido potenciada desde diversos sectores de la comunidad capitalina reunidos en la Mesa Bogotana de Comunicaciones. (Grupos, colectivos, individuos, "combos", ONG´s, asociaciones y grupos de trabajo) El proceso fue acompañado, por Planeta Paz, el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, la Fundación Red Social de Medios de Comunicación -RedSocial-, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y la Alcaldía Mayor a través del plan de desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" 2003-2007, desde dos ejes: el de reconciliación y el de gestión pública humana.

Fuente de Tabla: Documento de propuesta de encuentro distrital de comunicación comunitaria. Proyecto No.3144 "Propiciar espacios de comunicación en las organizaciones sociales".

Este proceso contribuyó en la elaboración y aprobación del Acuerdo Distrital Nº 292 de 2007, “por medio del cual se establecen los lineamientos de política pública, en materia de comunicación comunitaria en Bogotá, se ordena implementar acciones de fortalecimiento de la misma y se dictan otras disposiciones”.

Este Acuerdo busca que la comunidad formule propuestas sectoriales, a través de Mesas de Trabajo. (En radio, prensa, televisión e Internet comunitarios) Esta política de comunicación comunitaria se presenta entonces como un "modelo nacional" de convivencia, participación y desarrollo social, ya que es pionera en política pública en comunicación para Bogotá y para el país. Esta iniciativa, contó con el apoyo de amplios sectores y partidos del Concejo capitalino y fue presentada por el Concejal Gustavo de Roux y Leo César Diago.[3]

A pesar de los avances y de la entrada en vigor de una nueva política pública, se alcanza a percibir múltiples problemáticas; una de ellas está relacionada con la sostenibilidad y continuidad de los procesos comunicativos comunitarios, y otra con el grado de aceptación social y legitimidad de las propuestas hoy aprobadas -Acuerdo Distrital Nº 292 de 2007-.

En primer lugar, los problemas de continuidad y sostenibilidad responden a muchos factores, tales como, la falta de acceso a espacios, herramientas, conocimientos, recursos materiales y financieros mínimos, etc. Carencias y ausencias que dificultan encaminar procesos comunicativos comunitarios y que obligan a revisar las concepciones y actuaciones sociales e institucionales que no permite el desarrollo de los mismos.

Por otra parte, algunos estudiosos consideran que la segmentación por sectores sociales o poblacionales ya genera en si una dificultad que atenta contra la comunicación comunitaria. Puesto que ésta, por naturaleza, es un proceso propio del conjunto comunitario que no debería disolverse en una clasificación técnico-administrativa. "Si miramos, detenidamente vemos que parte de los intereses que se quiere reivindicar desde los procesos de comunicación comunitaria es precisamente el trabajo “articulado, conjunto, solidario, vinculante y organizado”, lo que de entrada riñe con la fragmentación en sectores que propone la visión institucional".[4]

A pesar de esas divisiones y segmentaciones institucionales, se debe reconocer que la juventud es un sector poblacional cuya incidencia no se puede desconocer, ya que su participación política y comunicativa -en lo comunitario-, ha estado integrada al conjunto de lo social a través de expresiones sindicales, estudiantiles, religiosas y culturales. Sector que en su devenir, y al igual que muchos otros sectores, ha enfrentado problemas materiales para su funcionamiento. Además, la diferencia generacional dada en el terreno comunal, genera dinámicas de exclusión natural[5] que obstaculizan los procesos -ya per se difíciles-, de gestión comunicativa, tal como lo mencionara Dario Ángel en su ponencia sobre Actores locales de comunicación durante el foro de medios comunitarios convocado por el IDCT en abril del 2004.

La construcción de una red como esta exige, de igual manera, que todos los miembros tengan validez en ella. Si hay quienes piensan que hay actores más válidos que otros, por antigüedad, por capacidades, por riqueza o por cualquier otra característica, no es posible consolidar los vínculos. Es como si en una familia un hijo fuese más hijo por ser el mayor o fuera merecedor de mejores raciones por ser más fuerte. Pues bien, los jóvenes, y muchos actores de comunicación lo son, deben demostrar antigüedad en este mundo para ser aceptados como socios válidos. Deben demostrar larga experiencia para ser admitidos en las conversaciones. Deben comprobar estabilidad otorgada por el tiempo para ser merecedores de las posibilidades de la estabilidad.[6]
A continuación, desde la perspectiva de la administración distrital y la comunidad, se mencionarán algunos factores que influyen en las problemáticas acá planteada .

Administración Distrital:

Los estudios oficiales parten de la importancia del movimiento de medios comunitarios para señalar los aspectos (necesidades comunitarias) que para ellos (institución) son fundamentales. Centran su preocupación en la ausencia de un marco legal apropiado para esta actividad y desde una perspectiva instrumental –favorable a la institución-, plantean de entrada un condicionamiento altamente problemático y alarmante.

Según el Distrito, si bien existen espacios de intercambio y comunicación entre los diferentes directores y promotores de medios, propiciados por el Distrito, es necesario institucionalizar un espacio que de forma sistemática y permanente permita que quienes se encuentra al frente de los diferentes medios converjan y desarrollen actividades conjuntas de mejoramiento y desarrollo. Reconociendo que, sin duda alguna, ese importante movimiento de Medios Comunitarios, esta fundamentado en la motivación y capacidad de trabajo de sus gestores y directores. De donde se desprende la necesidad para el Distrito de "aprovecharlo" e impulsarlo y en lo posible garantizar su futuro como medios no masivos de comunicación y para ello es necesario contribuir a su sentida inquietud de contar con un marco legal, que trascienda la actual administración Distrital. [7]

Definitivamente la palabra “aprovecharlos” plantearía, desde una lógica instrumental, posibles escenarios de cooptación social. Donde, a partir del pago de pautas publicitarias o apoyos, se facilita la reproducción propagandística institucional, comprometiendo muchas veces la independencia del mensaje comunitario.

Comunidad:

De acuerdo con la priorización dada en diversos diagnósticos participativos, las necesidades comunes a todas las localidades se encuentran, en orden de importancia, las siguientes: la falta de recursos económicos, técnicos y humanos; formación Técnica en producción de medios de comunicación; la articulación de los medios, espacios y/u organizaciones de comunicación local; fortalecimiento de los medios, espacios y/u organizaciones existentes; más organización y gestión de recursos en los medios, espacios y/u organizaciones de comunicación; democratización y circulación de la información; mayor divulgación y difusión de las actividades de la localidad a través de los medios y/o espacios; mayor alcance y cobertura de los medios locales y comunitarios; apoyo Institucional y la promoción de mayor creatividad en los productos comunicativos locales.[8]

Las necesidades comunicativas existentes explican, en parte, los antecedentes y posibles razones de la evidente dificultad que tiene la comunidad para funcionar, sostenerse, mantener vigencia y periodicidad. Además, el grado de aceptación social y legitimidad de las propuestas hoy aprobadas, de los planes, estrategias y proyectos institucionales es reducido, generando un divorcio de intereses entre los comunitario y lo estatal.La importancia:

Es urgente en Colombia reubicar el debate del desarrollo nacional y las políticas públicas, de tal forma, que se pueda controvertir y revertir el modelo actual que privilegia el crecimiento económico, la concentración de la riqueza y la intervención extranjera. Estos planteamientos nos llevan al terreno teórico de la Comunicación para el desarrollo, pero, ¿Para que tipo de desarrollo?, ¿De qué desarrollo estamos hablando?

Lo primero es rescatar un proyecto nacional de desarrollo, autodeterminado y soberano, aquel que dinamice las fuerzas productivas y la ciencia a través del fortalecimiento no sólo de las estructuras clásicas de la economía sino del ser humano en cuanto a educación y formación política y ciudadana. (Desarrollo Humano)

Es decir, se debe reivindicar un modelo de desarrollo autónomo que tenga como finalidad salvaguardar los derechos y garantías democráticas de los colombianos. En tal sentido se debe entender la comunicación, ya que ésta proyecta las representaciones colectivas sobre los intereses, necesidades y decisiones de progreso de la propia comunidad, integrando diferentes grupos, individuos y actores sociales en la construcción de alternativas posibles de transformación y desarrollo social, en otras palabras la comunicación es un factor definitivo para el fortalecimiento de la democracia.

La política pública en materia de comunicación comunitaria y en muchos otros campos, en síntesis, debe ser la materialización de un modelo de desarrollo específico. "Los enfoques de desarrollo, en general, tienen en común la afirmación de que la realidad debe ser tenida en cuenta. La diferencia entre ellos está en la forma cómo se enfoca esa realidad." (MONTOYA Amanda, 200_) Modelo de desarrollo humano basado en el conocimiento de la realidades y necesidades sociales y comunicativas de la población.

En última, es necesario profundizar conceptualmente y políticamente en los principios, valores y premisas que traen las políticas públicas actuales, para que desde una nueva perspectiva, podamos reconocer los principios acá formulados de soberanía, desarrollo humano y democracia.

12 de febrero de 2008

[1] Secretaria Distrital de Cultura, Recreación Y Deporte. Según Investigación sobre los PROCESOS SOCIOCULTURALES DE IMPACTO, INFLUENCIA, USO Y RELACIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD CON LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ de abril de 2007 (Producido por: APS ESTRATEGIA & INVESTIGACIÓN LTDA. Nota metodológica: La selección de muestra se realizo teniendo en cuenta la participación de los medios en los procesos de fortalecimiento de la administración distrital y su vigencia y periodicidad. [2] Informe de Resultados Talleres EnREDate en Procesos de Comunicación Participativa 2005 (Proyecto No.3144 "Propiciar espacios de comunicación en las organizaciones sociales"). Nota metodológica: En los encuentros taller se aplicó la metodología Diagnóstico Rápido Participativo a través de la cual, los asistentes priorizaron sus necesidades y manifestaron sus propuestas. A los cuales asistieron 113 medios, espacios y organizaciones de comunicación local, para un total de 184 personas.[3] Con 26 votos a favor y 3 en contra, fue aprobado el acuerdo 175 y 226 de 2007, por medio del cual se establecen lineamientos de política pública en materia de Comunicación Comunitaria en el Distrito Capital.[4] Entrevista informal a Andrés Ortiz, Comunicador Social y experto en temas de comunicación comunitaria, quien ha participado del proceso Distrital acá expuesto. 2007[5] Que se consolidan en lo institucional a través de políticas excluyentes o tutelares. [6] Ángel, Dario. Ponencia: "Actores locales de comunicación" Foro de medios comunitarios, IDCT en abril del 2004. Pág. 4 [7] Secretaria Distrital de Cultura, Recreación Y Deporte. Según Investigación sobre los PROCESOS SOCIOCULTURALES DE IMPACTO, INFLUENCIA, USO Y RELACIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD CON LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ de abril de 2007. Pág. 180 y 181 [8] Informe de Resultados Talleres EnREDate en Procesos de Comunicación Participativa 2005. Pág. 4

*Politólogo Universidad Nacional, Candidato a Magister en Estudios Políticos Pontificia Universidad Javeriana, Docente de Planta - Tiempo Completo Institución Universitaria INPAHU, Investigador Académico y Consultor Político.

Lecciones del pasado

Por Raúl Benítez Ortega

Fundación Red Social

Director Ejecutivo

Ahora que los medios de comunicación comunitarios y alternativos de Bogotá se preparan para contar con una política pública para este importante sector de la sociedad civil, que permitirá clarificar las reglas de juego para el ejercicio del periodismo cívico y para la reivindicación del derecho fundamental a la libre expresión y a la libertad de informar y ser informados de manera veraz, imparcial y oportuna, pero, además para que la ciudadanía pueda ser escuchada en sus demandas sociales, resulta pertinente hacer una reflexión colectiva acerca del camino recorrido para esta conquista, que parece no ser suficientemente valorada.

Hace casi veinte años, quienes fuimos pioneros de la televisión comunitaria en Colombia trajimos y fabricamos antenas parabólicas para atrapar señales de los satélites gracias a nuestra privilegiada posición frente a la órbita geoestacionaria ecuatorial, abriendo el camino para una de las más prósperas, estratégicas y florecientes industrias de la actualidad: la televisión por cable.

Como suele suceder con el rápido desarrollo de la tecnología, la legislación de nuestro país, antes de la Constitución del 91, no estaba preparada para establecer mecanismos de intervención y regulación de dicha industria. Sin embargo, hace cerca de una década, cuando las señales de televisión internacional eran distribuidas a un creciente número de hogares en las ciudades gracias a la iniciativa emprendedora de muchos colombianos que como todos, nos rebuscamos nuevas oportunidades y negocios, la Comisión Nacional de Televisión intervino para "ponerle orden".

Con la experiencia ganada y la expansión de las famosas "parabólicas", los pioneros de la televisión por cable nos creímos preparados para afrontar individualmente el reto que se nos vino encima: definir si éramos cable operadores por suscripción o si éramos cable operadores comunitarios. Todos terminamos por apostarle a la idea de ser competencia directa de TV Cable, que en ese momento era el único sistema de televisión por suscripción que existía en el país, autorizado por el gobierno.

La CNTV expidió entonces el marco regulatorio de la televisión en Colombia. Llenos de vanidad y en nuestra actitud arrogante creímos que podíamos superar con creces a TV Cable o a empresarios como Emilio Azcárraga, propietario de Televisa en México. Nos creímos grandes y poderosos, no había otro cable operador mejor que nosotros y todos los demás eran inferiores a nuestra "sapiencia", oportunistas y advenedizos. La televisión comunitaria nos pareció desdeñable y nos lanzamos como una jauría de hienas hambrientas a despedazarnos por una licencia para ser cable operadores de televisión por suscripción.

Enfrascados en esa disputa, no vimos que alrededor nuestro se movía lenta, silenciosa y calculadamente, una manada de leones movidos por la carnosa presa que significó la adjudicación de licencias por parte de la CNTV. Los depredadores estaban listos desde hacía rato. Cuando alzamos la mirada para observar lo que sucedía, ya era tarde. Los leones arrastraban hacia sus propios matorrales una presa ágil, fresca, con mucho músculo, mientras nos conformábamos con lamer los pálidos huesos que nos condenaban a una segura extinción.

Así fue. La gran mayoría de quienes abrimos el camino de la televisión por cable en Colombia desde hace una década estamos por fuera de esta actividad. Algunos prestan hoy sus servicios en los canales de televisión y en las programadoras privadas como camarógrafos, productores, operadores de unidades móviles, o dictamos talleres de producción y medios de comunicación en ONG y colectivos de comunicación, mientras que la televisión pasa poco a poco a manos de empresas extranjeras.

De esta manera, la mexicana Telmex es hoy el operador de televisión por cable con el mayor número de suscriptores en todo el país luego de absorber a Cablecentro, Superview y TV Cable. Estos también se quedaron chicos ante las circunstancias. En la radio ocurre algo semejante: Caracol es ahora propiedad de los españoles, lo mismo que El Tiempo o Telecom. Detrás de la reaparición de El Espectador como diario nacional está otra empresa de la moderna reconquista española.

Lentamente, los medios de comunicación en nuestro país han dejado de ser propiedad de colombianos. Claro, esas son las reglas de la globalización. Lástima que las utilidades de esas empresas ahora se escapen de Colombia para mejorar las cifras del PIB de países extranjeros, mientras nos hundimos más profundamente en el desempleo y el subdesarrollo ante un gobierno impasible frente a un sector estratégico para nuestra economía, nuestra cultura y nacionalidad.

Por esto, hablar de medios comunitarios y alternativos de comunicación en Colombia, adquiere un significado incuestionable: es la oportunidad de hablar de la defensa del derecho fundamental a la libre expresión e información, pero también para hablar de la democratización de la propiedad de los medios de comunicación como prenda de garantía de una sana democracia y de un Estado Social de Derechos.

Es evidente que ninguno de los actuales gestores y actores de los medios de comunicación comunitarios y alternativos existentes (radio, prensa, televisión o internet) puede atribuirse una representatividad no concedida por el gremio, ni puede erigirse sobre los demás para señalar con el dedo e imponer vetos que impidan el acceso al sano desarrollo de una política pública de comunicación comunitaria.

Los hechos recientes han demostrado que por diversos caminos, se ha venido gestando un movimiento social alrededor de la comunicación comunitaria cuyas diferencias están marcadas por la simple herramienta que se usa para la comunicación. Algunos lo hacen a través de los periódicos y revistas; otros, a través de la radio comunitaria y escolar; otros, mediante la televisión comunitaria, y nuevos colectivos recurren ahora a las tecnologías avasalladoras y convergentes. Todos estos son procesos que nadie puede desconocer.

Si las lecciones del pasado no sirven para mejorar nuestra actitud y obrar con criterio, de forma coherente, bajo el principio de la solidaridad, tendiendo lazos de confianza y unidad entre los distintos medios de comunicación comunitaria y alternativa, de nuevo veremos cómo desde los matorrales, son otras fieras las que se llevan las mejores presas. ¡Que hay que actuar con sensatez, es un imperativo!

Si no lo creen, solo miren más cuidadosamente lo que está ocurriendo con la convocatoria del Ministerio de Comunicaciones para radios comunitarias en las capitales. ¿Alguien recuerda a los ministros Saulo Arboleda y Rodrigo Villamizar?, o mejor aún, ¿a alguien le suena todavía aquello del "miti-miti"?

Bogotá D.C., 20 Febrero 2008.
NOTA: ARTICULO DE LIBRE PUBLICACION Y DIFUSION CON MENCION DEL AUTOR