Por: Alfredo Molano Bravo Publicación: El Espectador
Con algunas muy pocas excepciones, la radio en Colombia está monopolizada por la mediocridad y por los intereses privados.
Al ciudadano se le arrincona con programas de mal gusto, violentos, redundantes que cumplen una función perversa: disfrazar los males que nos aquejan, trasformar un país real en un país formal. En las zonas rurales y en la provincia la cuestión es grave. Hay un par de emisoras en FM que suelen ser propiedad de los caciques del pueblo y que se financian con pauta de los comerciantes grandes, las entidades del Estado o las empresas agropecuarias. Las emisoras de AM no entran en esas zonas o sólo en la madrugada y al atardecer.
En algunas partes se puede oír, si se tiene suerte, la emisora comunitaria local. El vacío lo llena una de las 32 emisoras de las Fuerzas Armadas, financiadas con nuestros impuestos para trasmitir comunicados castrenses, entrevistas a los altos mandos y boletines de prensa que destacan ante todo los famosos “positivos”. Los generales opinan sobre todo lo divino y lo humano con un lenguaje guerrerista y politiquero que a veces —y muchas veces— desconoce la norma constitucional que les impide ser deliberantes. También transmiten la música popular que suele escoger un subalterno y que, bien oída, es un mensaje cifrado destinado a sus novias. Los himnos bélicos no son raros: Barras y Estrellas, por ejemplo, se oye con una regularidad insoportable. No abundan estas emisoras en noticias nacionales e internacionales distintas a las que son redactadas en las casernas. Total, cero.
En las ciudades, la cosa no mejora. Tres o cuatro radionoticieros, cada vez más llenos de concursos, participación selectiva de oyentes y comentarios asépticos, ocupan el centro del dial tanto en FM como en AM. Hay que abonarles a las universidades Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, Distrital y Nacional el oxígeno que emiten por sus ondas.
Pero si uno se sale de estos espacios, el panorama es desolador: las sectas religiosas compiten con los curanderos a brazo partido; los movimientos religiosos rivalizan con la medicina verde. Los hermanos, las hermandades, las cofradías venden remedios para entrar en la vida eterna, números garantizados de chance y lotería, ungüentos para la vena várice, las almorranas y la flojera sexual. La Virgen María, Jesucristo, san Exitol y medio santoral respaldan las apocalípticas fórmulas que publicitan los programas de pirámides, cristales y grasas de culebra. El Ministerio de Comunicaciones se hace el sordo en estas materias. Permite todo, menos la verdadera libertad de expresión al restringir de manera arbitraria el acceso de emisoras comunitarias urbanas al llamado espectro electromagnético.
El caso más patético es el de la capital de la República. Desde hace una década, asociaciones de radio comunitarias han venido pidiendo al Ministerio de Comunicaciones que abra licitaciones para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para emisoras comunitarias en Bogotá. La respuesta ha sido siempre la misma: faltan papeles, faltan sellos, faltan diligencias, la coma está mal puesta, los dos puntos son equívocos, el representante legal no usaba corbata al momento de presentarse ante la autoridad competente; y la más socorrida: sobreoferta de emisoras no comunitarias en el Distrito Capital.
De tribunal en tribunal, de consejo en consejo, las asociaciones han recorrido un calvario, hasta que interpusieron una tutela ante la Corte Constitucional, que falló el 15 de julio pasado (2007), ordenándole al Gobierno “responder de fondo y con seriedad” la solicitud de las asociaciones (Sentencia T 460). Establece la corte un hecho fundamental: el monopolio del espacio electromagnético por parte del Estado no puede convertirse en una forma de censura y amordazamiento de la libertad de expresión. Si bien la sentencia se refiere a Bogotá, establece jurisprudencia nacional.
No obstante la nitidez del fallo, el Ministerio continúa en el plan de impedir que las comunidades de Bogotá tengan su propia emisora, repitiendo con desfachatez los mismos argumentos que durante 15 años ha expuesto y que hoy, después del pronunciamiento de la Corte, son una burla más del Gobierno a los mecanismos democráticos. A la Corte Constitucional no se le puede pasar por el fondillo así como así. El Gobierno le teme al pluralismo informativo y a la crítica ciudadana. Razones no le faltan: tiene mucho que esconder.
Al ciudadano se le arrincona con programas de mal gusto, violentos, redundantes que cumplen una función perversa: disfrazar los males que nos aquejan, trasformar un país real en un país formal. En las zonas rurales y en la provincia la cuestión es grave. Hay un par de emisoras en FM que suelen ser propiedad de los caciques del pueblo y que se financian con pauta de los comerciantes grandes, las entidades del Estado o las empresas agropecuarias. Las emisoras de AM no entran en esas zonas o sólo en la madrugada y al atardecer.
En algunas partes se puede oír, si se tiene suerte, la emisora comunitaria local. El vacío lo llena una de las 32 emisoras de las Fuerzas Armadas, financiadas con nuestros impuestos para trasmitir comunicados castrenses, entrevistas a los altos mandos y boletines de prensa que destacan ante todo los famosos “positivos”. Los generales opinan sobre todo lo divino y lo humano con un lenguaje guerrerista y politiquero que a veces —y muchas veces— desconoce la norma constitucional que les impide ser deliberantes. También transmiten la música popular que suele escoger un subalterno y que, bien oída, es un mensaje cifrado destinado a sus novias. Los himnos bélicos no son raros: Barras y Estrellas, por ejemplo, se oye con una regularidad insoportable. No abundan estas emisoras en noticias nacionales e internacionales distintas a las que son redactadas en las casernas. Total, cero.
En las ciudades, la cosa no mejora. Tres o cuatro radionoticieros, cada vez más llenos de concursos, participación selectiva de oyentes y comentarios asépticos, ocupan el centro del dial tanto en FM como en AM. Hay que abonarles a las universidades Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, Distrital y Nacional el oxígeno que emiten por sus ondas.
Pero si uno se sale de estos espacios, el panorama es desolador: las sectas religiosas compiten con los curanderos a brazo partido; los movimientos religiosos rivalizan con la medicina verde. Los hermanos, las hermandades, las cofradías venden remedios para entrar en la vida eterna, números garantizados de chance y lotería, ungüentos para la vena várice, las almorranas y la flojera sexual. La Virgen María, Jesucristo, san Exitol y medio santoral respaldan las apocalípticas fórmulas que publicitan los programas de pirámides, cristales y grasas de culebra. El Ministerio de Comunicaciones se hace el sordo en estas materias. Permite todo, menos la verdadera libertad de expresión al restringir de manera arbitraria el acceso de emisoras comunitarias urbanas al llamado espectro electromagnético.
El caso más patético es el de la capital de la República. Desde hace una década, asociaciones de radio comunitarias han venido pidiendo al Ministerio de Comunicaciones que abra licitaciones para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para emisoras comunitarias en Bogotá. La respuesta ha sido siempre la misma: faltan papeles, faltan sellos, faltan diligencias, la coma está mal puesta, los dos puntos son equívocos, el representante legal no usaba corbata al momento de presentarse ante la autoridad competente; y la más socorrida: sobreoferta de emisoras no comunitarias en el Distrito Capital.
De tribunal en tribunal, de consejo en consejo, las asociaciones han recorrido un calvario, hasta que interpusieron una tutela ante la Corte Constitucional, que falló el 15 de julio pasado (2007), ordenándole al Gobierno “responder de fondo y con seriedad” la solicitud de las asociaciones (Sentencia T 460). Establece la corte un hecho fundamental: el monopolio del espacio electromagnético por parte del Estado no puede convertirse en una forma de censura y amordazamiento de la libertad de expresión. Si bien la sentencia se refiere a Bogotá, establece jurisprudencia nacional.
No obstante la nitidez del fallo, el Ministerio continúa en el plan de impedir que las comunidades de Bogotá tengan su propia emisora, repitiendo con desfachatez los mismos argumentos que durante 15 años ha expuesto y que hoy, después del pronunciamiento de la Corte, son una burla más del Gobierno a los mecanismos democráticos. A la Corte Constitucional no se le puede pasar por el fondillo así como así. El Gobierno le teme al pluralismo informativo y a la crítica ciudadana. Razones no le faltan: tiene mucho que esconder.
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