La siguiente es la ponencia presentada por nuestro compañero y amigo Raúl Benitez, de Red Social, en el FORO DISTRITAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA, organizado por Planeta Paz, Red Social, la Universidad Centran y el IDPAC, desarrollado los días 23 y 24 de Noviembre 2007.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS
Intervención de Raúl Benítez Ortega
Director Ejecutivo de la Fundación Red Social de Medios de Comunicación
REDSOCIAL
Quiero, en primer lugar, agradecer a las directivas de la Universidad Central, al Rector, Dr. Guillermo Páramo, a la Dra. Ligia Echeverri de Ferrufino, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes por su apoyo para la realización de este Foro y por acogernos en esta, su casa; a la Directora del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, Dra. Olga Beatriz Gutiérrez, por el apoyo logístico brindado a través de la Dirección de Comunicaciones del IDPAC. A Planeta Paz por su invaluable ayuda a través de la Mesa Bogotana de Comunicaciones en la movilización social, académica e institucional para materializar esta idea del Foro de Política Pública de Comunicación Comunitaria que la Red Social de Medios propuso e impulsó respetuosamente en nombre de todos los medios comunitarios desde el proceso de formación y construcción de Redes Sociales de Comunicación de la UNAD (1).
Agradezco igualmente a las Universidades que se han vinculado a este evento: la UNAD, la Distrital, la Minuto de Dios, la Católica, la Santo Tomás, la Cooperativa, la Tadeo, entre otras; y a las organizaciones y colectivos que vienen trabajando la comunicación comunitaria como SIPAZ, el Centro de Comunicación Social Paulinas, la Corporación Comunicar, la Red Colombiana de Radios Comunitarias RECORRA, a la Red Social de Medios de Comunicación y a los compañeros agrupados en los escenarios de formación de la UNAD y de la Universidad Distrital, entre otros, quienes cumplen su misión de manera paciente y persistente, con un gran sentido de compromiso frente a la Comunicación Comunitaria, demostrado a lo largo de varios años. Estoy seguro que con estas organizaciones y colectivos, los medios comunitarios y alternativos pueden sentirse legítimamente representados en sus intereses, sin temores ni reservas. La única razón para no hacerlo es que tales intereses sean absolutamente divergentes e incompatibles, por lo demás, tenemos entre manos una tarea que apenas comienza.
Me ha correspondido en esta jornada de trabajo hacer referencia a un tema que ha sido objeto de diversos eventos académicos, sociales y empresariales: la Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación.
No es la primera vez que se habla de ella, pero hoy lo haremos desde la perspectiva de los medios comunitarios; de tal manera que por la brevedad del tiempo, voy a meter el dedo directamente en la llaga para señalar la responsabilidad que como comunicadores de lo público -comunitario tenemos con la sociedad. Con esta exposición pretendo incitar el debate sobre el tema que hoy nos congrega.
El pasado mes de agosto se realizó el Primer Encuentro Nacional de Responsabilidad Social, “Colombia Responsable”, organizado por Corferias, en donde varios comunicadores comunitarios escuchamos atentamente la visión que tienen los Grandes Medios de Comunicación Comerciales de Colombia y América Latina sobre el concepto de la Responsabilidad Social. Por supuesto, estaban en primera fila los medios de siempre: Caracol, RCN y la Casa Editorial El Tiempo, así como la Cadena O’Globo de Brasil.
Lamentablemente, no hubo allí un espacio para hablar de nosotros y mostrar nuestra visión al respecto. Tuvimos que soportar que ante el gobierno, los empresarios, las agencias y organismos de cooperación y ante las organizaciones sociales, se conocieran varios planteamientos cuestionables de quienes hacen de la información, la cultura, la educación y el entretenimiento una mercancía que se vende al mejor postor en el afán por capturar consumidores según las reglas del mercado y no por cautivar audiencias según las reglas de la democracia.
Allí se tomaron una vocería de la que no son dignos y presentaron la producción de algunos seriados de televisión, donde la temática central gira alrededor de fenómenos como el tráfico de personas, la explotación sexual y el sicariato, por citar algunos de los temas abordados.
Destacaban cómo algunas producciones habían recibido el beneplácito y reconocimiento de entidades como la Organización Internacional para la Migraciones, OIM, lo que les permitió vender muy bien dichas producciones en el mercado internacional. Hablaron de los resultados económicos de tales seriados, de lo satisfechos que estaban los accionistas de estos medios frente a los beneficios obtenidos y resaltaron que una de las responsabilidades sociales de los canales consistía precisamente en garantizar esos beneficios, además de cumplir con sus obligaciones legales y fiscales como empresas comerciales que son.
De lo que nunca hablaron fue del impacto que esas producciones tuvieron sobre el imaginario colectivo de los televidentes, ni mencionaron si alrededor de los temas tratados se hicieron debates públicos, si se analizó la problemática y se produjo algún cambio o reducción en las cifras que manejan las autoridades dentro de las muchas variables estadísticas en materia de prostitución, secuestros y desapariciones con fines de explotación sexual y homicidios.
Hicieron referencia en particular a algunos seriados y dramatizados que se transmitieron en horario Triple A como “Sin tetas no hay paraíso” o “Todos quieren con Marilyn”, que, en el encuentro de Corferias, estuvieron acompañados de una magnífica presentación como si entre los asistentes al evento pudiera haber algún potencial comprador.
Paulo Laserna Phillips, de Caracol, señalaba que los temas tratados en estos dramatizados eran el resultado de una política de responsabilidad social empresarial adoptada por el canal para denunciar tales fenómenos y alertar a la sociedad sobre la degradación de la dignidad y la explotación humana que las mafias vienen propiciando en nuestro país. Que para ello habían contado con el acompañamiento y asesoría de las autoridades responsables de combatir estos fenómenos delincuenciales. Pero dejó de lado algo que él mismo dijo sobre la responsabilidad de los medios: que era necesario reconocer que todo lo que hagan o dejen de hacer tiene efecto en el público. Paradójicamente, una de esas acciones es la explotación con fines comerciales de temas que deben ser, mejor, objeto de profundo análisis público para la búsqueda y aplicación de soluciones.
Entonces, porqué razón si se mostraron los índices de sintonía, el share, la estrategia de marketing y otros tópicos relacionados con el tema, no presentó un informe sobre el impacto real que estos contenidos tienen sobre la audiencia. En este punto, resulta oportuno cuestionar porqué el espacio del defensor del televidente es una franja de media hora a las 12:30 de la noche, donde además no se genera una interacción con la audiencia para conocer sus impresiones y las enseñanzas que tales producciones le dejan. El análisis de contenidos y los espacios para la formación de opinión pública también merecen un horario triple A.
Mientras los grandes medios comerciales son medidos y clasificados por el Estudio General de Medios, es urgente y necesario desarrollar otros estudios y definir otros indicadores para medir el impacto que los contenidos de los medios tienen en la sociedad y los efectos sobre las conductas, los principios y valores de los individuos. Medición que debería ser considerada mucho más importante que el rating, a la hora de tomar decisiones sobre la financiación de estrategias y campañas de divulgación, información y comunicación.
Con esto quiero señalar que los medios comunitarios no son ajenos a esa responsabilidad social, dado que muchos contenidos sirven de modelo para que las audiencias adopten o modifiquen sus comportamientos, expresiones y formas de percepción, tanto individuales como colectivas. Luís Jorge Garay, advertía hace ya varios años que la nuestra era una cultura mafiosa; esto, para señalar que en Colombia se le da más valor a la viveza y la astucia que los individuos desarrollan para sacar provecho de otros y escalar social y económicamente, sin importar cómo, ni a qué precio.
Cuántas jóvenes en el país, después de ver “Sin tetas no hay paraíso” acarician la posibilidad de convertirse en “modelos prepago”, o quizás ya lo han hecho ante la promesa de dinero “fácil” y “rápido” para escalar y alcanzar determinadas metas individuales. Cuánto han servido para muchos jóvenes que chocan de frente contra la falta de oportunidades para su futuro, aquellos argumentos expuestos en dramatizados semejantes, que les pueda haber inspirado esas mismas ideas alrededor del sicariato o el narcotráfico como única salida para superar la miseria y la exclusión.
Marcando la diferencia
Queremos aprovechar este escenario para proponer, de una vez y para siempre, que los límites que separan a los grandes medios de comunicación comerciales de los comunitarios o alternativos queden claramente definidos.
Para nosotros, el derecho fundamental a la información oportuna, veraz e imparcial, no se negocia, sino que se ejerce. En este sentido, vale decir que nuestra primera responsabilidad social es la de ser promotores y defensores de estos derechos sociales, culturales y colectivos. Estos son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles.
La segunda responsabilidad consiste en hacer visible el espectro de oportunidades a las que pueden tener acceso las audiencias sin renunciar a sus principios y valores y sin que las conductas que ellas adopten resulten negativas o vulneren la dignidad humana. Somos responsables de iluminar otros caminos de esperanza y dignidad para la ciudadanía.
Como formadores de opinión pública, tenemos una responsabilidad pedagógica, debemos educar y difundir el conocimiento sobre el concepto de lo público, de la ciudadanía y de cómo ésta se ejerce. Los comunicadores comunitarios no hacemos de la Responsabilidad Social un acto aparente de buena voluntad y de falsa generosidad filantrópica al tenor de los beneficios tributarios que el Estado otorga a las empresas, deducibles de sus obligaciones por el impuesto de Renta. Conjugamos la responsabilidad social como una acción dirigida a promover el desarrollo humano, la calidad de vida digna y la reivindicación de los derechos fundamentales de los individuos y de las comunidades de territorios marginados o vulnerables.
En otras palabras, los comunicadores y periodistas que participamos de lo comunitario somos y vivimos la responsabilidad social en nuestros actos cotidianos y la ejercemos a través del uso y apropiación colectiva de los medios de comunicación, no como un negocio, sino como un servicio público para alcanzar la paz y garantizar la democracia.
En defensa de lo público.
Si bien es cierto que la actividad económica y, en particular, la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, es importante observar que también existe la iniciativa ciudadana, abierta, colectiva, pública, que también requiere de políticas para su protección.
Así, la democratización de la propiedad de los medios de comunicación también es un derecho fundamental, como lo es el libre acceso a ellos, amparado en las libertades de expresión y de fundar medios masivos de comunicación, con arreglo a las leyes.
En nombre de lo comunitario se ha favorecido por mucho tiempo el monopolio de los medios de comunicación. Un claro ejemplo de ello ocurre en la actualidad con la Televisión Comunitaria que en Bogotá y en otras regiones del país ha sido aprovechada por un grupo de oportunistas que terminan vendiendo y entregando a manos de las multinacionales de la televisión por cable muchos de estos sistemas televisivos que le pertenecen a las comunidades. En nombre de lo comunitario se viene haciendo negocios privados que atentan contra la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Quién se hace responsable por esta pérdida cuando la Comisión de Televisión y el Ministerio de Comunicaciones actúan más como reguladores del mercado, garantizando a los intereses privados el crecimiento del número de sus consumidores. Parece no importarles la formación de audiencias informadas y calificadas para ejercer sus derechos a favor de la democracia y de lo público. El Estado también tiene su cuota de responsabilidad en este sentido.
Una política pública de comunicación comunitaria deberá ponerle freno a la paulatina desaparición de muchos medios comunitarios como una sutil forma de censura y restricción a las libertades, con el objeto de consolidar verdaderos procesos sociales de transformación donde los periodistas cívicos y comunicadores sociales le apunten al fortalecimiento de la democracia, la convivencia pacífica y al desarrollo del país, a través de estos medios de comunicación.
Nuestras responsabilidades con la sociedad.
Pensemos entonces, ¿Para qué las comunidades quieren tener medios de comunicación y cuál es el papel del comunicador o periodista con relación a los medios comunitarios? Para propiciar la participación, generar procesos de inclusión social y de visibilización de grupos humanos marginados; para promover la solidaridad ciudadana, educar y formar a la ciudadanía en valores y principios éticos que conduzcan a la reconciliación y la convivencia pacífica; para ejercer control social y político sobre la gestión pública con el fin de garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción; para construir una cultura de diálogo, civilidad, concertación, entendimiento y tolerancia en un escenario de diversidad étnica, lingüística y cultural como la nuestra; para la movilización de diversos sectores y actores tanto sociales, como públicos y privados hacia la efectiva solución de los problemas y conflictos que aquejan al país; para promover y defender los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales de los colombianos, entre otros. Todo esto compone el amplio espectro de la responsabilidad social de los medios comunitarios, que sin muchos recursos y con gran esfuerzo, la vienen cumpliendo.
Entonces, ¿Porqué no considerarnos merecedores del apoyo de los organismos de cooperación internacional, de la academia, del gobierno y el sector público, de los empresarios y gremios económicos que en breve tendrán que adoptar masivamente políticas de Responsabilidad Social Empresarial alrededor de la futura norma ISO-26000 y de todos los demás actores de la sociedad civil? ¿Por qué no merecer , en estos escenarios, la solidaridad de los sectores populares, de las organizaciones comunales y de la ciudadanía en general para proteger algo que es de todos?
En este punto es que cabe cuestionar a los grandes medios comerciales, a la academia y a las nuevas promociones de periodistas y comunicadores que al final de cada semestre salen a hacer fila en Caracol, RCN y El Tiempo con su hoja de vida bajo el brazo, sobre si están realmente cumpliendo con esa responsabilidad de ser gestores sociales del desarrollo y promotores de la reconciliación y la convivencia pacífica. El escenario de los medios comunitarios requiere hombres y mujeres concientes de estas responsabilidades y dispuestos a asumir un sólido compromiso con el país para cumplirlas cabalmente.
Un proyecto de poder ciudadano.
Si alguien pregunta sobre la razón por la cual tantos medios comunitarios, periodistas y organizaciones sociales se congregan para dar inicio al proceso de formulación de una política pública, con el apoyo de la academia y de las instituciones, es evidente que podemos reconocer que la comunicación comunitaria es, para todos nosotros, un proyecto político que ha de construirse colectivamente.
Pero no debemos confundirnos. Si hemos acudido a este llamado es porque estamos dispuestos a hacer valer el derecho a la información y los demás derechos conexos, en nombre de la ciudad y de los ciudadanos. Esa es una gran responsabilidad que pesa sobre los hombros de todos los que estamos involucrados en esta actividad.
Los recientes eventos políticos electorales han confirmado que los periodistas, comunicadores y medios comunitarios perdemos legitimidad y credibilidad frente a las comunidades cuando resultamos metidos en un espacio con el cual tenemos la obligación de mantener prudente distancia y unas cordiales y respetuosas relaciones. Para decirlo de una manera más gráfica, la política y el periodismo son hermanos, hijos de una misma madre: la democracia; pero han sido engendrados por distinto padre: la política por el poder y el periodismo por el derecho, derecho a la libre expresión e información. Por lo tanto, no resulta aceptable aplaudir esas relaciones incestuosas entre la política y el periodismo. Es nuestra responsabilidad ocupar el lugar que nos corresponde pues el poder y el derecho le otorgan a la política su propio escenario, donde el periodismo debe mantener sus ojos atentos para cuidar los intereses de la democracia cuando está en juego la herencia de nuestro futuro: lo público.
En este sentido, es responsabilidad de los periodistas y también de la política, impedir que el periodismo cívico y los medios comunitarios terminen subordinados a la voluntad de los gobernantes, o de los funcionaros públicos o a cualquier interés ajeno al bien común. Los periodistas y medios comunitarios deben ser siempre autónomos e independientes pero al servicio del interés general de las comunidades. Este es otro de los rasgos distintivos de la comunicación comunitaria que nos define y nos hace diferentes a la lógica de los medios de comunicación comerciales.
Quizás esto último suene como una herejía, pero la verdad es que el periodismo cívico y los medios comunitarios estamos llamados a incidir en todas las políticas del Estado como dinamizadores de la opinión pública e intérpretes y canalizadores de la voluntad colectiva.
Ante este escenario de poder ciudadano, nuestra responsabilidad social es mucho mayor que el de la esfera de la política partidista y electoral. Los hechos cotidianos y las realidades nacionales nos obligan a dignificar este oficio heroico de hacer periodismo e impulsar medios comunitarios en el complejo escenario de conflictos que vive nuestro país y en medio de un convulsionado mundo globalizado.
El reto está puesto sobre la mesa, ¿Cuántos hay entre nosotros que son lo bastante responsables socialmente como para comprometerse y aceptarlo, y cuántos hay que, equivocados frente a esta visión de lo público y lo comunitario de la información y la comunicación, ya están dispuestos a salir en carrera y darle la espalda a este proceso?
Señoras y señores: el balón está en la cancha, ¿a cuántas personas vamos a movilizar para construir esta política? En este juego, la responsabilidad es de todos nosotros. Pasemos de las palabras a la acción y hagámoslo ya.
Muchas gracias.
Bogotá, 23 de Noviembre de 2007 (2).
NOTAS
1 Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.
2 La Alcaldía Mayor de Bogotá, aprobó finalmente y sancionó en esta misma fecha el Acuerdo Distrital Nº 292 de 2007, “por medio del cual se establecen los lineamientos de política pública, en materia de comunicación comunitaria en Bogotá, se ordena implementar acciones de fortalecimiento de la misma y se dictan otras disposiciones”.
