DENUNCIA PÚBLICA SOBRE AMENAZAS DE MUERTE A GESTORES SOCIALES Y POLÍTICOS EN BOGOTÁ

ContraVersión hace llegar a ustedes dos documentos que considera deben hacer parte de las discusiones y los debates públicos de las organizaciones sociales, políticas y comunitarias del país. El primero de ellos, la denuncia pública que hace Diana Gómez (hija de Jaime Enrique Gómez, dirigente social y asesor político de la Senadora Piedad Córdoba asesinado) sobre las amenazas de muerte de las que han sido objeto ella y diversos dirigentes sociales y de derechos humanos en el país por parte de las autodenominadas “Águilas negras”, comandos armados que tras la desmovilización de la estructura central de las AUC vienen intimidando a los actores sociales, políticos y comunitarios en diferentes regiones del país.

Un segundo documento que proponemos como “de contexto”, nos remite a la investigación realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris sobre el fenómeno paramilitar y su incidencia en el panorama político económico del país. El propuesto es un artículo introductorio desarrollado por León Valencia, uno de los directores de la investigación, el que proponemos profundizar con la lectura del informe especial publicado por la Revista Arcanos titulado: “De como los paramilitares ganaron varias guerras, cambiaron el mapa político del país y entraron en un proceso de negociación con el gobierno del presidente Uribe”, el cual encontrarán en el link: www.nuevoarcoiris.org.co/local/Arca_En_pdf.pdf



Denuncia Colombia
DIANA GÓMEZ DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE A GESTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS EN BOGOTÁ
Por: Diana Gómez

Bogotá, 14 de marzo de 2008

SeñoresPresidencia de la República
Vicepresidencia de la República


Hago de conocimiento público las amenazas de las cuales he sido objeto, junto con otras organizaciones y dirigentes de derechos humanos y políticos, en una carta enviada por las Águilas Negras el Rearme, Bloque Metropolitano de Bogotá, el pasado miércoles 12 de marzo. En este documento nos declaran objetivo militar fase A, nos señalan como guerrilleros y que comenzaran a matarnos “uno por uno. Vamos a ser impecables. No dejaremos cabo suelto”.

Las amenazas se suceden luego de la marcha del 6 de marzo y de una gira en el exterior realizada en representación de las organizaciones de las cuales hago parte (ORGANIZACIONES DE MUJERES, JÓVENES, PAZ, VÍCTIMAS Y ARTÍSTICAS). Dicha gira tenía como objetivo dar cuenta de las vulneraciones de derechos humanos en Colombia, los niveles de impunidad y la compleja dimensión del conflicto colombiano. Es de suma preocupación que luego de hacer uso del derecho a la protesta, a la libre expresión, a la (falta texto).

Resulta igualmente preocupante que esto suceda luego de los señalamientos de diversas personalidades del gobierno de que la marcha es convocada por las FARC y para su apoyo, así como del manejo parcial de los medios de comunicación a los sucesos que han tenido lugar en los últimos meses. Hemos ratificado de manera enfática y permanente que no somos simpatizantes, ni aliados, ni parte de este grupo guerrillero y que rechazamos todo tipo de violencia.

Denunciamos que en Colombia no hay garantías para el ejercicio de la oposición, ni para el trabajo como defensores de derechos humanos, y mucho menos como víctimas sobrevivientes en exigencia de sus derechos. No es la primera vez que soy objeto de acciones de intimidación, las cuales han tenido lugar desde la desaparición y asesinato de mi padre JAIME ENRIQUE GÓMEZ VELASQUEZ. En Colombia el Estado tampoco brinda condiciones de seguridad para el desarrollo de nuestro trabajo. El año pasado solicite medidas de protección que fueron negadas por el Ministerio del Interior y de Justicia, pese a la evidencia de los niveles de inseguridad y vulnerabilidad.

En de anotar que en dicho comunicado las Águilas Negras plantean que actúan con “apoyo y la tolerancia del Estado y la ciudadanía en general”. Mi tarea, y la de todas las organizaciones y personas allí señaladas, es en ejercicio de derechos consagrados en la Constitución Política y de la oposición, la cual debe tener garantías en cualquier sociedad democrática por parte de todas las instituciones del Estado y sus representantes, quienes debe propender por climas de debate y diálogo, y no por exacerbar odios, señalamientos, unanimismos ni polarización que sólo contribuye a la prolongación del conflicto que vive el país.

Hago responsable al Estado colombiano, al presidente y vicepresidente de la República, quienes deben garantizar nuestra seguridad, de cualquier otra vulneración de la que sea objeto en mi calidad de ciudadana, víctima y activista de derechos humanos.

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL


Opinión Colombia
ASÍ FUE LA INFILTRACIÓN PARAMILITAR DE LA POLÍTICA EN COLOMBIA
Por: León Valencia Agudelo, Corporación Nuevo Arco Iris. PUBLICADO: 10.09.2007
(TOMADO DE: http://www.peaceobservatory.org/index.php?id=9502)

La Corporación Nuevo Arco Iris, con el auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, adelantó un proyecto de investigación y debate público entre finales de 2004 y mediados de 2006 sobre el fenómeno del paramilitarismo y las negociaciones de Santa Fe de Ralito para obtener la desmovilización de las AUC. El proyecto elaboró monografías regionales sobre la forma como los diferentes frentes de las AUC lograron dominio e influencia en Medellín, Córdoba, Sucre, El Magdalena Grande, Cundinamarca y Bogotá, Valle, Catatumbo y Norte de Santander, Casanare y Meta, lo mismo que los efectos de la violencia de esta organización sobre los grupos indígenas. Esta labor estuvo en manos de reconocidos investigadores, algunos de ellos regionales, y contó con la colaboración de centros de estudios de las universidades de Antioquia, Valle y Magdalena.

También se hizo un seguimiento de prensa, documentos oficiales y eventos públicos sobre el tema. El proyecto realizó foros de discusión con representantes del gobierno, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP / OEA, de la sociedad civil, del cuerpo diplomático, y de agencias y organismos internacionales. Además, se realizaron entrevistas a los propios actores del proceso de negociación por parte de un equipo central de investigación con sede en Bogotá.

La dirección de la investigación estuvo a cargo de Mauricio Romero y León Valencia, y este libro es el resultado de parte de ese trabajo, el cual presenta un testimonio de la expansión de algunos de los frentes que conformaron esa organización ilegal armada y de la forma como los intereses de los políticos confluyeron con los de los paramilitares en diversas regiones. El libro espera contribuir al entendimiento de ese fenómeno que tanto daño le hizo a la sociedad colombiana y a sus instituciones, no obstante sectores poderosos e influyentes los consideren “salvadores”, con los cuales el país tiene una deuda por haberle ganado territorio a la guerrilla que también se proyectaba amenazante en el mismo momento. El análisis de los diferentes artículos indica que el período 1997-2002 fue crítico en el crecimiento y expansión de los diferentes frentes de las AUC, en particular en la costa caribe, el pie de monte llanero, el sur-occidente, occidente y el centro del país. En donde esas fuerzas fueron bautizadas como bloque Norte, Catatumbo, Centauros, Vencedores de Arauca, Calima, Pacífico, Cacique Nutibara y Capital, entre otros, y sin considerar tal vez al mayor de todos, el Central Bolívar.

Esa concurrencia de expansión y crecimiento en el período mencionado, indica que más allá del carácter federativo y heterogéneo de las AUC y la existencia de una estructura de mando nacional inestable, con diversidad de intereses y propósitos, y en donde cada grupo actuaba de acuerdo con intereses particulares y locales, esos diferentes componentes también seguían un plan nacional de ampliación de su influencia y dominio. Eso es lo que se deduce de las lecturas de las monografías regionales y del capítulo de la parapolítica. Semejante coincidencia en el tiempo de ese esfuerzo de despliegue militar y control político local y regional no parece fortuita. Hay que recordar que mientras ocurría la expansión territorial de las AUC se llevaban a cabo unas difíciles negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC, y la zona desmilitarizada del Caguán estaba en funcionamiento, frente a la cual los jefes de las AUC eran unos de los más encarnizados críticos. Constituyó esa ampliación de la influencia territorial y política de las AUC una respuesta a la negociación con las FARC y a la zona de despegue del Caguán? Hay indicios en los diferentes capítulos para pensar que en parte fue así y a un costo en vidas y sufrimiento desmesurado.

Otro aspecto importante que surge de la lectura de los textos del libro es el del comportamiento de las agencias estatales encargadas de la seguridad durante esa expansión paramilitar. En cada uno de los casos presentados hay una cierta forma de delegación de la fuerza a los grupos paramilitares, o una tolerancia frente a su operación o una incapacidad para combatirlos por parte de la fuerza pública que resulta desconcertante. Qué pasó realmente en ese período de cinco años en relación con las autoridades militares y de policía que no actuaron frente a la expansión de las AUC, la cual estaba masacrando a la población más pobre e indefensa? Aquí hay un vacío que es necesario aclarar para que esta circunstancia no se vuelva a repetir. Por momentos los hechos presentados llevarían a pensar, junto con los sectores más críticos de las fuerzas militares, que hubo una política deliberada para dejar actuar a los diferentes frentes de las AUC, pero esto sería una respuesta muy fácil. La pregunta sigue abierta y es urgente responderla.

El colapso del funcionamiento estatal y de los mecanismos de representación política en las regiones fue otra dimensión del dominio territorial de las AUC. Esta situación fue particularmente grave en el Meta, Magdalena, Sucre y Cesar, por citar algunos departamentos, y señala la dimensión de ese entramado social que apoyó a las AUC, el cual incluyó sectores económicos, fuerzas de seguridad y grupos políticos, que junto con el narcotráfico desestabilizaron la débil democracia y el endeble Estado de derecho que la Constitución de 1991 había ofrecido como una posibilidad en diferentes regiones.

Sólo queda agradecerle a ASDI la financiación para llevar a cabo este proyecto, a los amigas y amigos que colaboraron con la Corporación Nuevo Arco Iris en la realización de este propósito y a los lectores y lectoras del libro por su interés en conocer tan oscuro y dramático período de la historia reciente de Colombia. No hay que dudar que el conocimiento de lo sucedido ofrecerá aprendizajes y evitará que se repita la historia, por lo menos en el futuro cercano.

Vea informe especial publicado por la Revista Arcanos: “De como los paramilitares ganaron varias guerras, cambiaron el mapa político del país y entraron en un proceso de negociación con el gobierno del presidente Uribe”, en: www.nuevoarcoiris.org.co/local/Arca_En_pdf.pdf